THE PASKIN, UN DIARIO DELIRANTE Y DE MALA LECHE

La presidenta Bachelet debe resolver los problemas de seguridad ciudadana en los marcos del estado de derecho y a partir de concepciones democráticas, si así no lo hiciere el riesgo de endilgarse por los tormentosos caminos de las nefastas concepciones de la doctrina de la seguridad nacional es enorme.

En 1967 el dictador argentino Juan Carlos Onganía empezó a a hablar de las “fronteras ideológicas”, a su juicio los límites nacionales, icono de toda defensa de la patria, no eran ya las delimitaciones geográficas, las cuales a partir de una concepción militarista marcaban el deslinde con enemigos reales o potenciales. Los enemigos de la patria, directos o indirectos, reales o potenciales, podían encontrarse en todas partes incluso en el propio hogar como se le enrostraría al ex comandante en jefe del ejercito argentino general Alsogaray después de que le asesinaran su hijo, un joven peronista.

Esta idea de las fronteras ideológicas es aplicación de concepciones más generales que se enseñaban en la Escuela de las Américas de Panamá, cuna profesional de los más destacados violadores a los DDHH de América Latina, como doctrina de la seguridad nacional. Esta partía de la idea de que todo derecho ciudadano quedaba subordinado a las necesidades del orden estatal, el cual era determinado por las fuerzas armadas, último y natural baluarte en la lucha de la civilización cristiano occidental en lucha contra el “comunismo”.

Estas concepciones de seguridad nacional las sufrieron muchos latinoamericanos incluida la presidenta Bachelet que junto a su madre conoció las cárceles pinochetistas en Santiago, otro calvario había vivido su padre, general impecable, en la Cárcel Pública de Santiago.

La doctrina de la seguridad nacional tiene orientaciones claramente detectables, a saber: 1.- El estado lo es todo, el ciudadano y sus derechos individuales nada. La vulneración de tales derechos es simplemente un “daño colateral” o “inevitables excesos”. 2.- El supremo valor social es el orden entendido como el acatamiento total de todo lo dispuesto por la autoridad, todo conflicto social es subversión y las organizaciones estudiantiles, sindicales o políticas caen bajo sospecha de potencial subversión. 3.- Quienes alteran el orden público son irrecuperables y por ello sólo se les puede dar cárcel y exterminio.

Estas concepciones no están en el cubo de al historia. Pude escuchar en el programa televisivo Tolerancia Cero, que emite un canal de propiedad de don Sebastián Piñera, como un panelista, se dice impuesto por él, señalaba que la lucha contra la delincuencia debía contemplar “apretar las guindas a alguien”, esta impúdica apología de la tortura quizás sea coherente con su pasado de ministro de la dictadura, pero es incompatible con una sociedad democrática.

La derecha históricamente actúa sobre los miedos sociales. En los sesenta proclamaba que los niños chilenos les serían arrebatados a sus madres y enviados a Cuba, que las iglesias serían quemadas y las religiosas violadas en satánicas orgías de sangre. Nada de eso ocurrió.

Hoy con sus medios de comunicación amplifica lo que naturalmente existe de en grandes urbes como las nuestras. Megavisión de propiedad de don Ricardo Claro realiza reportajes hasta del más vulgar cartereo. El problema existe pero no en las dimensiones colosales que la derecha pretende. Santiago es comparativamente una de las ciudades más seguras de América Latina. Lo que esta sucediendo es que los robos se están produciendo en los barrios ricos.

Lo del 11 de Septiembre pasado requiere de un análisis serio, que no confunda efectos con causas.

Hay ira contenida en las poblaciones pobres. La encuesta Casen lo dice con claridad: las mayores tasas de cesantía, las de más del 20%, están en el quintil más pobre, más de un millón de trabajadores reciben menos del miserable sueldo mínimo, hay una educación de segunda para los hijos de los pobres y los trabajadores. Es más fácil transformarse en peón del microtráfico que conseguir un empleo decente en el mercado formal.

Subyace en la conciencia de los pobres que el estado tiene mucho dinero, y es verdad, pero que de ello nada recibirán y que todo va a los más ricos. Toda frustración deviene en violencia, cosa elemental de la sicología social.

Esas son las causa reales de la violencia, que es hasta ahora mínima comparada con todo el vecindario latinoamericano..

Una resolución democrática del problema debe atacar las causas del mismo y no sus efectos. La derecha propone allanamientos masivos, la intervención del ejército, cámaras espías por doquier.

Nuestra transición democrática, aprendiendo de lo mejor de la española, ha construido el concepto de seguridad ciudadana entendiendo por tal el conjunto de condiciones que permitan al ciudadano el libre ejercicio de todos sus derechos garantizados en la Constitución. El estado es entonces el garante de los derechos ciudadanos y no su conculcador.

Son derechos esenciales en toda sociedad moderna la salud, la educación, el trabajo al seguridad social como tendría entonces legitimidad un estado que las emprendiera a garrotazos en contra de sus ciudadanos sin haber consolidado estos derechos fundamentales.

Nadie, salvo conciencias muy extraviadas, quiere ser delincuente. Las cárceles están llenas de gente venidas de hogares mal constituidos, de gente que nunca recibió una oportunidad. Nadie elige libremente ser delincuente.

Existe el riego de que la política de seguridad pública del gobierno extravíe el rumbo?. Creo que si, cuando la muerte de un carabinero es un problema de estado y la de un obrero un problema judicial, cuando se confunden machetes de danza afro con un arsenal subversivo, cuando la derecha y sus bárbaras concepciones forman parte del consenso en estas materias, el peligro existe.