EL GOBIERNO CHILENO Y SU “OPCIÓN PREFERENCIAL POR LOS RICOS”

Dice el marxismo que así como no se puede juzgar a una persona por lo que esta piensa de sí misma, tampoco se debe juzgar o evaluar la situación de un país sólo por lo que indica el gobierno, las instituciones estatales, los partidos políticos oficiales, medios de comunicación de masas, etc., es decir, la superestructura definida por el revolucionario italiano Antonio Gramsci, como la “sociedad civil” que reproduce ideológicamente la dominación de una clase por otra.

Esto porque en el último tiempo el gobierno chileno y sus voceros han difundido exacerbadamente a los cuatro vientos los “grandes éxitos del modelo”, mostrando como trofeos las cifras oficiales del crecimiento económico en un 6 por ciento, la caída del desempleo y de los índices de pobreza (del 18,7% al 13,7% según la encuesta CASEN), el crecimiento de las exportaciones y del precio del cobre, números que para los tecnócratas y defensores del neoliberalismo significan que todo va bien mañana mejor...

Pero cabe preguntarse, ¿es ese el país real que se supone esta beneficiando a todos los chilenos y chilenas?...

Evaluemos con datos

Si tanto le gustan las cifras a los defensores del modelo, ¿cómo se explica la convivencia de este crecimiento económico con el hecho de que según estadísticas del propio Banco Mundial, Chile es uno de los países más desiguales del planeta? De acuerdo con los Indicadores de Desarrollo Mundial 2005 del Banco Mundial, entre 124 naciones, Chile ocupaba el lugar duodécimo entre los países más desiguales del mundo (donde según la encuesta Casen anterior, sólo un 16% tenía un ingreso familiar superior a 820 mil pesos mensuales), compartiendo posiciones con Namibia y por debajo de países más pobres como Zimbabwe, Bolivia, Zambia, Nigeria y Malawi.

¿A quienes sino al gran empresariado benefician las cifras de crecimiento económico en una sociedad con gran concentración de la propiedad y la riqueza? Esta injusta distribución de la riqueza queda brutalmente demostrada en nuestro supuesto principal recurso natural, la privatización del cobre que inicia la Dictadura se profundiza durante los gobiernos de la Concertación, y CODELCO que producía el 95% del cobre chileno, actualmente produce sólo alrededor del 30%.

Este proceso de concentración de los mercados y de la riqueza se puede observar entre las propias sociedades anónimas. El año 2006 las 600 corporaciones que cotizan en la Bolsa de Santiago tuvieron un resultado cercano a 18 mil millones de dólares, lo que es un aumento en valor de un 40 por ciento respecto a lo ganado en 2005. Un nuevo (como cada año) récord histórico. Sin embargo, la mayor parte de esta suma corresponde a las grandes corporaciones. Las 30 empresas con más altos resultados concentraron el 80 por ciento del total de las ganancias.

En lo particular, para los neoliberales es muy fácil lograr “reducir” la pobreza mientras mantienen estas desigualdades, por ello establecen categorías como la llamada “línea de pobreza”, que hoy fluctúa ridículamente en unos 47.000 pesos mensuales de ingreso en las zonas urbanas. O sea, siguiendo su lógica, esto significa que si alguien dispone mensualmente de 47.500 pesos, deja de ser pobre!

La política más eficaz para reducir la pobreza por parte del gobierno ha sido recurrir a los tecnócratas, “especialistas en pobreza” (que por cierto reciben salarios de más de un millón de pesos), que estructuran armazones teórico-estadísticas con una línea de pobreza tan baja que casi no queda nadie. Sin embargo, independiente de estos arreglines estadísticos hay más de dos millones de pobres e indigentes en Chile, y si a eso le sumamos el 80 por cieno de la población que tiene que arreglárselas para sobrevivir con un poco mas de los 47 mil pesos de la “línea de pobreza”, enfrentando frecuentes alzas de productos y servicios básicos, la conclusión no es más que el fracaso del modelo económico y de las políticas públicas para reducir la pobreza, cuestión que el gobierno ha buscado por todos los medios no dejar al descubierto.

Claro el problema de fondo es estructural, no sólo de juego estadístico contingente, y es que los presentes niveles de crecimiento económico (meta obsesiva de este régimen) no son posibles sino a costa de los crecientes niveles de desigualdad, y por tanto de pobreza, sobre todo en países pobres y dependientes como el nuestro.

Palabras y hechos

El discurso oficialista actual no deja de ser una estrategia comunicacional para retomar la iniciativa luego del desastre provocado por el Plan Transantiago, fortaleciendo el consenso existente en torno al modelo económico, e instalando en el sentido común que es el crecimiento económico unido a una acción estatal concentrada en gasto social focalizado, lo que permite terminar con las desigualdades, y única receta de desarrollo posible.

Esta política de “opción preferencial por los ricos”, se refleja también a propósito de la fijación del salario mínimo, y volvemos al punto inicial, si las ganancias de las empresas del capital financiero son multimillonarias es justamente debido a que también se mantienen a raya los salarios, es decir la producción de plusvalía, corazón del sistema y base de todas las reflexiones y políticas oficiales.

El gobierno, la derecha y el empresariado se pusieron una vez más en sintonía para frenar las tibias demandas de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), con el típico argumento de que un alza del salario mínimo afectaría a la pequeña y mediana empresa, que se verían obligadas a reducir personal, etc. Después que el mismo representante de la Conupia (Confederación de la Micro, Pequeña y Mediana Industria) aclaró que ese sector tiene el menor número de empleados que gana salario mínimo del país. Desenmascarado con ello, que quienes pagan efectivamente el sueldo mínimo son las grandes empresas, los que subcontratan las labores en las cadenas comerciales y en el rubro agrícola. Toda la mano de obra en la fruticultura obtiene el sueldo mínimo, o bien los que trabajan en el salmón y muchos de los trabajadores subcontratados en laminería del cobre.

El tema es que ni siquiera los 180 mil pesos que intentó obtener la CUT son suficientes para una vida con dignidad en este sistema, expresión de la forma de cómo se dictan las políticas que afectan a todos los chilenos, pues son las cúpulas sindicales, políticas y del gobierno, las que imponen el costo mínimo de la fuerza de trabajo que luego genera las millonarias ganancias a los grandes empresarios.

El despertar del campo popular

A la imagen de país que ha logrado montar el bloque dominante, se opone por fin el país de verdad, el país de los trabajadores y el pueblo en general, la gente sencilla, explotada y humillada, que después de años de injusticia comienza a manifestar sus descontento y dar pasos resueltos en la organización y rearticulación social y política. Los trabajadores forestales y del cobre, así como en su momento lo hicieron los estudiantes, demuestran que a medida que se acrecientan los niveles de unidad y organización, la lucha se hace más no sólo masiva y fuerte, sino también eficiente, logrando arrebatar demandas a las patronales y el gobierno que en otras condiciones no hubiese sido posible.

Por otro lado, lo ocurrido con la fijación del salario mínimo determina también, la necesidad de que los trabajadores cuenten con instancias organizativas de carácter nacional eficaces y con capacidad de movilización y de presión para lograr conquistas reales y no migajas como ha venido sucediendo. La CUT por su relación con el gobierno y dependencia del Estado no está en condiciones de hacerlo, por lo que se hace urgente la convergencia en torno a nuevas herramientas de carácter clasista y verdaderamente independientes del Estado y los partidos afines o parte del sistema.

Al país de los de arriba hay que oponerle el país de las mayorías, pero eso solo se alcanzará cuando éstas se organicen social y políticamente, o bien logren unificar sus medios de acción en torno a contenidos que vayan a la raíz de las contradicciones, lo cual es la única garantía de continuidad y solidez en las luchas.

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